Para eludir las críticas de algunos gobiernos y parlamentos de la UE, la Comisión Europea quiere cambiar el proceso de votación de los próximos acuerdos comerciales con México, Chile y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y facilitar y acelerar la aprobación de los acuerdos por parte de la UE. Las organizaciones de la sociedad civil nos oponemos a esta medida porque socava los derechos democráticos.

Este intento de “división” (“splitting” en inglés) de la Comisión Europea significaría que los pilares comerciales de los acuerdos bilaterales con terceros países se adoptarían sin requerir el consentimiento de todos los Estados miembros de la UE en el seno del Consejo de la UE, y sin exigir ningún tipo de ratificación nacional. Esto supondría un ataque a la democracia y un grave alejamiento de los procesos actuales, en los que los pilares comerciales, políticos y de inversión de los acuerdos mixtos son aprobados por unanimidad por los gobiernos de la UE, así como por una mayoría en el Parlamento Europeo y por todos los parlamentos a nivel nacional. 

La maniobra de la Comisión Europea es una forma cínica y técnica de garantizar que los acuerdos comerciales que negocia entren rápidamente en vigor a pesar de su controversia sobre cuestiones de deforestación, cambio climático y violaciones de derechos humanos. La maniobra dejaría al márgen a la oposición de algunos gobiernos de la UE y parlamentos nacionales y/o regionales. 

En el caso del acuerdo UE-Mercosur, por ejemplo, este desdoblamiento obviaría la oposición de los parlamentos de Austria, Países Bajos, Valonia y Bruselas, pues ya no sería necesaria su aprobación. Lo mismo ocurre con las posiciones actuales de algunos gobiernos, como el francés, que afirman que no pueden ratificar el acuerdo UE-Mercosur en su forma actual debido a sus impactos negativos en materia de sostenibilidad: ya no tendrían poder de veto en el Consejo de la UE. También iría en contra de las directrices de negociación otorgadas a la Comisión Europea por el Consejo en 1999 y de las Conclusiones del Consejo de 2018.

Las organizaciones de la sociedad civil nos oponemos vehementemente a esta división de los acuerdos comerciales. La división de los acuerdos mencionados se propone para eludir las preocupaciones existentes sobre las implicaciones negativas de estos acuerdos en materia de biodiversidad, cambio climático y derechos humanos. Prioriza los intereses económicos por encima de la sostenibilidad. La aprobación por parte de los parlamentos nacionales es un acto democrático de crucial importancia que proporciona protección a los agricultores, trabajadores, consumidores y a todos los ciudadanos nacionales.

Pedimos a los ministros de comercio de la UE, a los gobiernos de la UE y a los parlamentarios nacionales que defiendan el control democrático de los acuerdos comerciales y que se opongan a los escandalosos intentos de la Comisión Europea de eludir la oposición.